El gobierno federal y en los estados del país, serían los
responsables de financiar y armar a la delincuencia
organizada para utilizarla como grupos de represión y
contener la creciente protesta social que brota en la
nación; el delito de desaparición forzada, pese a ser una
falta grave, no se juzga como tal en México, advirtió el
Tinam (Unión de Todos los Pueblos Pobres).
En un comunicado el Tinam fija su postura en torno a las desapariciones forzadas que se registran el Veracruz y en el estado, señala que en la siguiente semana se realizará la jornada nacional, "Por cada desaparecido detenido, indignación y una razón para luchar".
En el texto explican que en México las organizaciones sociales buscan visibilizar todos aquellos casos de desaparición forzada que hay en el país, además de denunciar y condenar la represión que hay contra organizaciones y familiares que han decidido luchar.
En la nación, refieren, "se tiene la documentación de 130 casos de desapariciones que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Estos números vienen desde el sexenio de Felipe Calderón y se acentuaron con Enrique Peña Nieto".
Precisan que los autores de las desapariciones forzadas son los delincuentes organizados porque si bien hay grupos criminales que operan en la mayoría de los estados, no podrían operar si no existiera una colusión con el gobierno. "Lo que nosotros hemos visto en la mayoría de los estados, en donde compañeros tienen organización, tienen presencia, estos grupos que están siendo financiados, armados por el Estado".
El objetivo, enfatizan, "es precisamente reprimir y criminalizar los esfuerzos de organización que se dan, sobre todo en estados que son característicos históricamente en la lucha como son Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, entidades donde hay mucha resistencia en contra de estos proyectos que se quieren implementar".
El documento remarca que incluso el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), señaló que se ha visto un cambio de concientización en la sociedad, ahora y cada vez más la gente se atreve a denunciar para exigir la presentación con vida de sus familiares, "a nivel nacional no se cuenta con una ley que regule el problema de desaparición forzada, excepto en el Senado la iniciativa para crear una ley general para prevenir y sancionar la desaparición forzada".
Pero el delito de desaparición forzada, lamentan, "no es investigado como tal, no es cualquier delito, es una grave violación a los derechos humanos, donde quien está claramente involucrado son agentes del Estado, es ahí donde ha habido un conflicto para poder definirlo tal cual porque ello implica que el Estado tiene que reconocer que hay una problemática".
CON INFORMACIÓN DE: DESARMADOR POLITICO.