'Zelador' se escribe con 'Z'
No fue una riña. Las autoridades les dieron la oportunidad a los reos de planear y ejecutar la matanza y luego de huir. Y es que como Reporte Indigo lo publicó, había amenazas de la infiltración de Cártel del Golfo en las penitenciarías que ya tenían un autogobierno de Los Zetas: Una mezcla explosiva. Incluso las bandas dirigieron mensajes al gobernador Rodrigo Medina para advertirle lo que estaba sucediendo. Pero tuvieron que morir 44 reos y fugarse otros 30 para que el gobierno suspenda a las autoridades y a 18 custodios de la penitenciaría de Apodaca.
20/02/2012 -
Todos en Nuevo León esperaban una catástrofe, pero las autoridades no previnieron lo ocurrido en el penal de Apodaca.
La primera versión oficial fue una riña entre internos, pero luego de la contundencia de los hechos el gobernador tuvo que salir a dar la cara y aceptar la corrupción de la autoridad cooptada por Los Zetas.
Según familiares de internos, Los Zetas pudieron contar con armas punzocortantes y tener ingreso a una zona controlada por puertas de seguridad, para atacar a quienes son identificados como integrantes del Cártel del Golfo.
Fue un ataque sorpresivo cerca de las 2:30 de la madrugada, que contó con la colaboración de las autoridades, no solamente para matar, sino además para salir del Penal de Apodaca sin la mínima resistencia.
Y todo estaba programado, planeado, para que además Los Zetas que huyeron de la penitenciaría pudieran abandonar rápidamente la zona con transportación que ya los esperaba.
Solamente falta prevenir que no ocurra lo mismo en el sobrepoblado Penal del Topo Chico o en el de Cadereyta.
La autoridad tuvo que prevenir, pero no ejerció ninguna acción para blindar la división de los reos y para evitar que sus custodios trabajen para Los Zetas.
No importaron las amenazas previas, los mensajes en mantas y los asesinatos de celadores, tuvieron que morir 44 reos en una madrugada y fugarse otros 30 para que reaccionara el gobierno de Rodrigo Medina.
Hay decenas de asesinatos ligados al narcotráfico, pero el 31 de diciembre de 2010 los criminales fueron capaces de sacar a una prisionera y colgarla en Gonzalitos.
Y en junio del año pasado enviaron un mensaje al gobernador a través de una manta colgada sobre la avenida Constitución.
Fue una advertencia sobre la mezcla explosiva de Zetas y Golfo que estaba creciendo en los penales.
Por ello esta madrugada del 19 de febrero es una evidencia más de la corrupción de las autoridades penitenciarias y la lucha entre cárteles en las cárceles con sobrepoblación en Nuevo León.
Como Reporte Índigo lo informó hace ocho meses, los penales en Nuevo León son una bomba de tiempo regidos por normas impuestas por las organizaciones criminales.
Hoy 18 celadores y cuatro altos mandos penitenciarios fueron cesados de sus puestos por la evidente ayuda que recibieron Los Zetas.
No hay que olvidar que en este mismo penal murieron 14 reos el 20 de mayo de 2010.
Inicialmente las autoridades estatales dijeron que se trató de un incendio, pero la verdad es que los reos fueron asesinados por pertenecer a un grupo delincuencial y luego fueron quemados.
El vacío del Estado en las cárceles de Nuevo León propicia un sistema criminal al margen de la ley que se agrava con la sobrepoblación.
Hasta octubre de 2011 había 8 mil 596 reos en las 15 prisiones federales de la entidad, 36 por ciento por encima de sus capacidades, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).
El penal de Apodaca es el de mayor hacinamiento en Nuevo León.
Cuenta con mil 522 reos, equivalente a un 65 por ciento de sobrepoblación, de acuerdo con la SSP.
HUBO GOLPES UNA SEMANA ANTES
Uno de los reclusos asesinados de esta sobrepoblada prisión fue Ismael Alejandro Olmeda Perales, acusado de homicidio y transferido del penal del Topo Chico en noviembre pasado.
Andrea Olmeda Perales, madre de Ismael Alejandro, dice ante las cámaras de Reporte Índigo que una semana antes de la matanza, su hijo fue golpeado por una deuda monetaria adquirida en el penal.
“A lo mejor todavía no lo puedo aceptar”, dice la madre afligida, quien en un principio se negaba a aceptar que su hijo era uno de los 44 muertos que estaban sobre las planchas del Servicio Médico Forense (Semefo).
La amenaza del reo anunciaba la matanza en el penal de Apodaca, en el que escapó Óscar Manuel Bernal Soriano, “La Araña”, un reo de alta peligrosidad y líder de Los Zetas.
A Bernal Soriano lo acusan de participar en el asesinato del secretario de Seguridad de García, Juan Arturo Esparza García, en noviembre de 2009.
También escapó Rogelio Chacha Quintero, “El Yeyo”, detenido por el Ejército el 13 de diciembre de 2010 por su participación en secuestros, extorsiones y robo de automóviles en Guadalupe.
Además de los celadores separados de su cargo con esta matanza del 19 de febrero, cesaron de sus funciones al comisario general de la Agencia de Administración Penitenciaria, Ernesto García Guerrero, al director del penal, Gerónimo Miguel Andrés Martínez, al subdirector, Juan Hernández, y al jefe de Seguridad, Óscar Devece Laureano.
NADIE PREVINO LAS AMENAZAS
Diferentes sucesos de 2011 anunciaban la matanza en el penal de Apodaca y la relación de complicidad entre las autoridades carcelarias y el crimen organizado.
El 5 de febrero, el cadáver mutilado del jefe de Seguridad del penal del Topo Chico, Francisco Martínez Ramírez, fue encontrado en una caja.
Una manta firmada como “celadores del estado” fue colocada el 24 de mayo de 2011 en un puente peatonal sobre la avenida Gonzalitos, en la que acusaba al director del penal de Cadereyta, Pablo Sánchez, de trabajar para el cartel del Golfo.
Tras la revelación, Sánchez renunció a la dirección del centro penitenciario.
El 8 y 9 de junio el centro penitenciario de Topo Chico fue atacado con granadas. Después de los atentados, las autoridades trasladaron a 12 reos acusados de delitos federales al penal de Cadereyta.
Hasta octubre de 2011 había 8 mil 596 reos en las 15 prisiones federales de la entidad, 36 por ciento por encima de sus capacidades, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).
El penal de Apodaca es el de mayor hacinamiento en Nuevo León.
Cuenta con mil 522 reos, equivalente a un 65 por ciento de sobrepoblación, de acuerdo con la SSP.
HUBO GOLPES UNA SEMANA ANTES
Uno de los reclusos asesinados de esta sobrepoblada prisión fue Ismael Alejandro Olmeda Perales, acusado de homicidio y transferido del penal del Topo Chico en noviembre pasado.
Andrea Olmeda Perales, madre de Ismael Alejandro, dice ante las cámaras de Reporte Índigo que una semana antes de la matanza, su hijo fue golpeado por una deuda monetaria adquirida en el penal.
“A lo mejor todavía no lo puedo aceptar”, dice la madre afligida, quien en un principio se negaba a aceptar que su hijo era uno de los 44 muertos que estaban sobre las planchas del Servicio Médico Forense (Semefo).
La amenaza del reo anunciaba la matanza en el penal de Apodaca, en el que escapó Óscar Manuel Bernal Soriano, “La Araña”, un reo de alta peligrosidad y líder de Los Zetas.
A Bernal Soriano lo acusan de participar en el asesinato del secretario de Seguridad de García, Juan Arturo Esparza García, en noviembre de 2009.
También escapó Rogelio Chacha Quintero, “El Yeyo”, detenido por el Ejército el 13 de diciembre de 2010 por su participación en secuestros, extorsiones y robo de automóviles en Guadalupe.
Además de los celadores separados de su cargo con esta matanza del 19 de febrero, cesaron de sus funciones al comisario general de la Agencia de Administración Penitenciaria, Ernesto García Guerrero, al director del penal, Gerónimo Miguel Andrés Martínez, al subdirector, Juan Hernández, y al jefe de Seguridad, Óscar Devece Laureano.
NADIE PREVINO LAS AMENAZAS
Diferentes sucesos de 2011 anunciaban la matanza en el penal de Apodaca y la relación de complicidad entre las autoridades carcelarias y el crimen organizado.
El 5 de febrero, el cadáver mutilado del jefe de Seguridad del penal del Topo Chico, Francisco Martínez Ramírez, fue encontrado en una caja.
Una manta firmada como “celadores del estado” fue colocada el 24 de mayo de 2011 en un puente peatonal sobre la avenida Gonzalitos, en la que acusaba al director del penal de Cadereyta, Pablo Sánchez, de trabajar para el cartel del Golfo.
Tras la revelación, Sánchez renunció a la dirección del centro penitenciario.
El 8 y 9 de junio el centro penitenciario de Topo Chico fue atacado con granadas. Después de los atentados, las autoridades trasladaron a 12 reos acusados de delitos federales al penal de Cadereyta.
El 12 de junio fue asesinado Jesús Sánchez Treviño, socio de la presunta secuestradora Gabriel Muñiz Tamez, “La Pelirroja”.
Ese mismo día fue asesinado Genaro Alejandro Torres Ruiz, un abogado que presuntamente trabajaba para una banda de secuestradores en Guadalupe y que estaba recluido en el Topo Chico.
Y los restos de tres custodios mutilados fueron abandonados el 15 de junio en las puertas del penal de Cadereyta.
Ese mismo día fue asesinado Genaro Alejandro Torres Ruiz, un abogado que presuntamente trabajaba para una banda de secuestradores en Guadalupe y que estaba recluido en el Topo Chico.
Y los restos de tres custodios mutilados fueron abandonados el 15 de junio en las puertas del penal de Cadereyta.