Una empresa denuncia que Pemex no le ha pagado. Y mientras sus
representantes jurídicos dicen que liquidaron la deuda, la paraestatal lo
niega. Conoce la historia de un aparente fraude en el que nadie sabe
dónde quedó el dinero
La solución fue presentar una demanda civil contra Petróleos Mexicanos y exigir el pago. La demanda avanzó lentamente durante un par de años
Si en la documentación que los abogados de Pemex presentaron en el juzgado, el contrato está liquidado, ¿por qué responden al Ministerio Público que no existen registros de pago a Acrux o a José Benssusen Sefami?
La forma en que los representantes legales de Pemex han actuado para defenderse, tiene más características de un oscuro plan que la labor de velar por los intereses de la empresa en donde trabajan
Los representantes legales de Petróleos Mexicanos podrían haber colocado a la paraestatal ante una deuda millonaria.
Como en un acto de magia desaparecieron 55 millones de pesos que eran el pago para una obra realizada en Veracruz durante el año 2008.
Hoy el monto con los intereses asciende a más de 400 millones de pesos, lo que podría convertirse en otro escándalo para Pemex y para la PGR, que en estos momentos se encuentra en una encrucijada por el tema de Oceanografía.
Francisco Leonardo Santos Rodríguez y Héctor Omar Reynoso López, ambos de la Dirección Jurídica de la paraestatal, podrían haber fingido la liquidación de los 55 millones de pesos a la empresa Acrux.
Pero un documento confidencial obtenido por Reporte Indigo revela que recientemente Petróleos Mexicanos aceptó que no existe registro del pago.
Para fingir que el acreedor recibió el pago del adeudo, los abogados falsificaron la firma del dueño de la empresa y lo certificaron con el aval del notario Manuel Brito Gómez, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz.
El joven fedatario público es hijo del exlíder del PRI en el estado de Veracruz, que lleva exactamente el mismo nombre y es uno de los políticos más cercanos al exgobernador Fidel Herrera.
El documento notariado con el que se argumentó el pago, tiene una larga lista de irregularidades ya constatadas ante la Procuraduría General de la República a partir de las investigaciones que se derivaron de la denuncia de los acreedores.
Inclusive, cuando la defensa de la empresa Acrux visitó la notaría para conocer el protocolo con el que se certificó el documento, entregado al Poder Judicial, se realizaron amenazas que quedaron grabadas en audio y video.
En el conflicto está también involucrado Jorge Daniel Santos Hernández, de la empresa Aquapress, que tiene una larga lista de antecedentes de defraudación a Petróleos Mexicanos registrados en diversos medios de comunicación nacionales.
Incluso han sido investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y resultaron inhabilitados formalmente, aunque continuaron siendo contratados por Pemex.
Todo inició cuando José Benssusen, propietario de Acrux y quien ahora exige el pago, asegura que nunca recibió el dinero que el área jurídica de Pemex asegura que pagó.
Por ello demandó a la paraestatal y acusa que falsificaron su firma para el documento notariado.
Además ha comprobado que a la hora y día en que presuntamente se dio por pagado –según constató el notario veracruzano– él estaba en una sucursal de Inbursa, lo que ha sido corroborado por escrito y en declaración oficial por los empleados de la institución bancaria.
Por lo tanto, alega, no podría haber estado en dos lugares diferentes al mismo tiempo y se concluye que no recibió el pago ni firmó el documento certificado por Brito Gómez, el notario veracruzano.
Como una paradoja de la política mexicana, en medio de la aprobación de la Reforma Energética, que quiere poner a Pemex a la vanguardia como empresa, salen más y más casos sospechosos sobre presunta corrupción de los funcionarios de la paraestatal.
La Procuraduría General de la República parece estar paralizada.
La historia del ‘plan’ perfecto
José Benssusen tiene desde 1999 la constructora Acrux, que hacía obras en varios estados del país.
Por estar en el mismo medio conoció al empresario constructor Jorge Daniel Salas Hernández, quien le ofreció ceder los derechos de cobro de una obra de su empresa Aquapress.
La obra era un proceso de limpieza en la playa de Cong, Allende y Laguna de Pajaritos, debido al rompimiento del oleoducto Nuevo Tapa.
Eran trabajos extraordinarios en esa zona donde hubo un severo daño ecológico por la fuga de crudo en el río Coatzacoalcos.
La idea era que Benssusen pagara una cantidad por la cesión de la obra, identificada con el número SDSE-OPU81-174/2004, la terminara y cobrara la parte final a Pemex.
Después de estudiar las características de la limpieza y los recursos legales que se requerían, aceptó hacerlo.
El 9 de mayo de 2008 se realizó el contrato de cesión de derechos en donde se estableció que en caso de incumplimiento, se someterían a la jurisdicción del Distrito Federal.
El documento de la cesión cuenta con sellos de Juan Hillman Jiménez, Notario Número 4 con sede en Coatzacoalcos, Veracruz y Uriel Oliva Sánchez, Notario número 21 del Distrito Federal.
A través del oficio OAG-GJP-CSJ-8001/2008 la Gerencia Jurídica Petroquímica de Pemex avaló la cesión.
“Con fundamento en lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, no existe inconveniente para llevar a cabo la cesión solicitada”, dice el documento firmado por Jorge González Cervantes, subcoordinador consultivo y de prevención.
Esto a pesar de que la empresa Aquapress estaba inhabilitada. Todas las dependencias del gobierno federal habían sido notificadas, y consta en el Diario Oficial de la Federación, que no podían realizar ningún tipo de acuerdo o contrato con esa compañía.