Para el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), centro de investigación vinculado a la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universitat Politécnica de Catalunya, la reforma energética representa una “pérdida de soberanía tremenda”.
Mónica Vargas Collazos, integrante de ODG, señala que con este giro histórico “México se coloca a contracorriente” de lo que sucede en otros países, donde existen “evidencias documentadas del gran impacto negativo y sistemático” provocado por aperturas similares.
“La impunidad de las trasnacionales energéticas no tiene límites”, afirma, por lo que procesos como éste ocasionan una pérdida del control soberano de los recursos energéticos de los países, se cometen violaciones a los derechos humanos en las comunidades donde se asientan las empresas, se criminaliza la oposición a esos proyectos y se perpetra un enorme perjuicio medioambiental.
“México se tiene que ver en ese espejo; aún no le pasa nada tan grave como lo que han vivido Colombia, Ecuador o Nigeria.”
La entrevistada y el ODG formaron parte de las más de 600 organizaciones no gubernamentales (ONG) de 95 países que participaron en la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) el 23 de junio pasado, en forma paralela a la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también en Ginebra.
En la asamblea del TPP se aprobó crear un grupo de trabajo que elaborará un instrumento internacional, legalmente vinculante, que obligue a las grandes trasnacionales y a los inversionistas a cumplir las normas para proteger los derechos humanos.
La coalición de ONG instó a la ONU a aprobar dicho acuerdo vinculante, propuesto por los gobiernos de Ecuador y Sudáfrica. La campaña internacional se llama Desmantelando el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad.
El TPP –que no es gubernamental sino de opinión, pero tiene una influencia importante de denuncia y reparación– presentó 12 casos de “violaciones sistemáticas de derechos humanos” cometidas por empresas trasnacionales en varios países.
Entre las petroleras menciona a la estadunidense Chevron-Texaco en Ecuador, la anglo-holandesa Shell en Nigeria y la israelí Mekorot en Palestina. Entre las mineras, señala a la anglo-suiza Glencore Xstrata en Filipinas, Zambia, Perú, República Democrática del Congo y Colombia; a la canadiense Pacific Rim en El Salvador y la inglesa Lonmin Platinum en Sudáfrica, donde 32 trabajadores murieron tiroteados por la policía.
Asimismo denuncia las prácticas de Coca-Cola en Colombia y de la empresa española Hidralia en Guatemala.
Dichos consorcios son acusados de provocar “daños irreparables a las comunidades”, violar los derechos humanos, “amenazar la salud pública y al medio ambiente”; “privatizar bienes públicos y despojo de tierras”; “perseguir a defensores de los derechos humanos, ejercer violencia, represión” y “la criminalización… contra los movimientos sociales y sindicales”.
El tribunal concluyó que estos casos “no constituyen casos aislados y sin conexión; son prácticas sistemáticas que se repiten alrededor del mundo”, y denunció la complicidad de Suiza, Estados Unidos, Canadá, Israel y la Unión Europea –Estados sede de dichas trasnacionales– por no actuar contra esos abusos.
Privatización de manual
“El sistema de creencias en el neoliberalismo, que en 1995 impulsó una serie de privatizaciones sobre todo en el campo energético, particularmente en América Latina, es un fracaso porque las trasnacionales están enfocadas a conseguir dividendos para sus accionistas, pero no se valoran sus impactos negativos en los pueblos donde operan”, dice Mónica Vargas.
La activista de ODG sostiene que ya hay evidencias de los abusos que cometen en el corredor eólico del Istmo de Oaxaca empresas españolas, como Iberdrola, Gamesa, Acciona, Gas Natural-Fenosa y otras (Proceso 1969).
“México pierde, con el de los hidrocarburos, uno de los últimos ámbitos de su soberanía. Y decimos que va a contracorriente porque eso significa desandar los pasos dados, sobre todo en plena crisis energética, en un momento importante para preservar sus recursos energéticos, más aun en el contexto de gran tensión que estamos viendo en Europa del Este, con el caso de Ucrania. No es un momento adecuado para entregar sus recursos al capital privado”, dice.
Para ODG, el procedimiento es ortodoxo: “Cuando vas a privatizar total o parcialmente un sector, lo primero que haces es quitarle valor en todos los sentidos, y mientras más podrida esté, en este caso la petrolera mexicana, con más corrupción, más deuda y menos operatividad, es mejor porque eso justifica y legitima su privatización o en este caso la reforma energética, que debilita a la empresa y la abre a los capitales extranjeros. Es una privatización de manual”.
Recuerda que en 2006, en unos talleres sobre el abasto de agua impartidos en la Ciudad de México, personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les advertía a los miembros de ODG que se estaban debilitando las condiciones laborales y las inversiones a fin de privatizar el servicio.
En cuanto al petróleo y el gas, dice, México cedió ante los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Este semanario publicó en su edición 1971 un reportaje de Jenaro Villamil, quien documentó que el dictamen de la reforma energética fue planeado por el senador republicano Richard Lugar, en un informe de diciembre de 2012 para el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos.
“Lo vemos como un instrumento pedido por los distintos gobiernos de Estados Unidos –continúa–, con mucha presión ejercida sobre México (…) Visto desde el exterior, es lo más lejano al criterio pragmático (por parte de México). Si realmente hubieran sido pragmáticos, velarían por los intereses del país, pero no: vemos lo contrario, están abriendo las puertas del país completamente, entregándolo de regalo. México está en oferta”.
Resalta que dos empresas cuyas irregularidades se denunciaron ante el TPP en Ginebra, las petroleras Chevron y Shell, fueron beneficiadas por Pemex con algunos de los 23 bloques de yacimientos transfronterizos compartidos por México y Estados Unidos que ya fueron asignados (Proceso 1971).
Uno de los casos “más emblemáticos” ventilado en Ginebra es el de Chevron, antes Texaco, que durante 26 años (entre 1964 y 1990) explotó crudo y gas en más de 1 millón y medio de hectáreas de la Amazonia ecuatoriana, en las provincias de Sucumbíos y Orellana.
Según el testimonio de Pablo Fajardo, miembro de la Unión de afectados por Chevron-Texaco-UDAPT, incluido en las conclusiones del TPP, Chevron dejó una “huella de destrucción” y se han documentado muertes de cáncer ocasionadas por los vertidos tóxicos de la trasnacional. “La empresa admitió haber arrojado más de 60 mil millones de litros de residuos tóxicos en esa zona, y alrededor de 650 mil barriles de crudo en el suelo”, dijo Fajardo.
El daño fue tal que, además de la alta incidencia de cáncer en la zona, los pueblos tetetes y sansahuari “se extinguieron, mientras que los cofanes, sionas y siekopai corren similar peligro, por lo que tuvieron que huir”. Los campesinos se quedaron con sus tierras infértiles y perdieron a sus animales de corral, en gran medida por la contaminación.
Recordó que el Tribunal Supremo de Ecuador condenó a Chevron a pagar 9 mil 500 millones de dólares por daños y perjuicios, pero la petrolera no ha cumplido.
A su vez, Goodwin Ojo, integrante de la organización Friends of the Earth Nigeria, presentó ante el TPP el caso de la empresa anglo-holandesa Royal Dutch Shell, que desde 1984, a través de su subsidiaria Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (Shell Nigeria), ha violado “las leyes del país sobre quema de gases, y con sus vertidos de petróleo transformó el fértil delta del río Níger en uno de los peores desastres ambientales del mundo”.
Según este testimonio, el Informe de Asesoramiento de 2011 del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente confirmó “los perjuicios causados a más de 1 millón de personas por la contaminación de hidrocarburos en Ogoniland, donde se encontró benceno (químico altamente cancerígeno) en una cantidad 900 veces superior a la permitida por la Organización Mundial de la Salud”.
Sin embargo, apunta Vargas, México también debe tomar como ejemplo negativo a Colombia, no sólo en cuanto al saqueo de sus recursos, sino también por el paramilitarismo:
“No tenemos pruebas de que las empresas trasnacionales asentadas en Colombia financien grupos paramilitares. Lo que sí es un hecho es que los mapas de la presencia de multinacionales se calca perfectamente con el de la violencia contra las comunidades y contra activistas de los derechos humanos, y con el de la presencia de actividad militar o paramilitar. Ese es el espejo en el que México debería observarse”.