La Soberania como lo dice el Articulo 39 constitucional,
radica de manera sustancial, originaria y esencial en el
pueblo. (Y será) el pueblo y la ciudadanía los que
determinen cuál es el rumbo de la nación”.
Por Vicente Bello
Viernes 07 de Marzo del 2014.
Finalmente la Ley Federal de Consulta Popular salió de los territorios del Congreso de la Unión para ir a los del Ejecutivo Federal, adonde le esperará su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El PRI, PAN, PVEM y Nueva alianza hicieron todas las triquiñuelas legislativas necesarias para que la consulta popular -que mandatada está en el Artículo 35 constitucional- sólo sea una simulación. Y así no pueda impedir la población la privatización del petróleo.
El punto medular de esta ley que ayer fue aprobada por la Cámara de Diputados está en el artículo 64, en el que el PRI, PAN, PVEM y Panal colocaron dos trancas infames a la población, para que ésta no pueda echar para abajo leyes como la que en diciembre esos cuatro partidos políticos aprobaron en la materia energética, mediante la cual han abierto la puerta de México para que por allí vuelvan a entrar las compañías petroleras que el 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas expulsó con aquella nacionalización petrolera.
A final de cuentas, esta ley de consulta popular cobró notoriedad y gran importancia estos días por la opción que el 35 constitucional otorga al pueblo de México, respecto de que mediante una consulta pública pueda la gente echar para atrás –he aquí el efecto vinculatorio- una decisión tomada previamente por los poderes de la Unión.
Ha argumentado la oposición, desde diciembre, que el 35 está estrechamente ligado con el Primero y el 39 constitucionales, en los que el Constituyente de 1917 reconoció el derecho “inalienable” del pueblo de México de tomar decisiones capitales en el momento que lo quiera.
Con la aprobación de la ley de marras, este jueves 6 de marzo, los diputados reiteraron dos elementos jurídicos que la semana pasada habían aprobado a su vez los senadores: Uno: para que una consulta tenga efecto vinculatorio –echar para atrás decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y de las autoridades competentes-, en ésta tendrían que haber participado cuando menos 31 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral; es decir, “40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores”.
Y dos: El PRI, PAN, PVEM y Panal demostraron, sin embargo, que además de mañosos y hasta las cachas, son también previsores. Y a este artículo 64, los senadores y diputados agregaron el mandato jurídico siguiente: “Cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio tendrá efectos durante los tres años siguientes, contados a partir de la declaratoria de validez”.
El diputado federal del PRD Silvano Blanco de Aquino explicó, a propósito del agregado que el cuarteto aquel hizo en el 64: “Todavía incorporan en la consulta popular un elemento adicional después de haberse votado en contra de esas disposiciones que se les da por parte del Estado mexicano, en un esquema de favorecer a los inversionistas nacionales y extranjeros para que se beneficien de la renta petrolera, pues se abre esta posibilidad en el artículo 64 para que tenga efectos en los tres años posteriores para que sea vinculatorio”.
Y apostillaba Silvano: “Es decir, como saben (el PRI, PAN, PVEM y Panal) que efectivamente sí va a haber condiciones en el 2015 para la consulta, y que la mayoría de los ciudadanos va a votar en contra de estas disposiciones que afectan el patrimonio nacional, pues están poniendo ese candado en ese artículo”.
El PRI habló ayer en voz de Abel Octavio Salgado Peña, diputado jalisciense, quien dijo: “Entre las innovaciones de dicha reforma destaca la inclusión de un instrumento fundamental de la democracia participativa, a saber la consulta popular. Este instrumento, a la par de otros como el de la iniciativa ciudadana, buscan complementar mas no sustituir a la democracia representativa. Mediante dichos instrumentos se busca su perfeccionamiento multiplicando las opciones de intervención de los ciudadanos en ciertos ámbitos de los asuntos públicos”.
Desde que esto comenzó el PRI ha pretendido hacer creer a la gente que las figuras de la democracia directa deben estar debajo de las de la democracia participativa, porque de lo contrario habría un caos en México.
Esto es: para el PRI y compañía, el pueblo no manda, como lo dijo en el Senado la semana pasada el senador priísta Omar Fayad, y las decisiones, por lo tanto, no las debe tomar el pueblo directamente, sino a través de sus representantes.
El PRI soslaya que hay un artículo, el 39 constitucional, que habla del derecho imprescriptible del pueblo de México a cambiar hasta de tipo de gobierno si así lo quiere, o de modificar los rumbos de la República que hayan trazado sus representantes.
Y esto se los restregaba ayer Amalia García, diputada perredista, cuando dijo que “la soberanía, como lo dice el 39 constitucional, radica de manera sustancial, originaria y esencial en el pueblo. (Y será) el pueblo y la ciudadanía los que determinen cuál es el rumbo de la nación”.
Casi cuatro horas de participaciones en tribuna. ¿Debate? No; posicionamientos solamente en torno de un hecho con resultado anunciado: la aprobación a ultranza de la Ley Federal de Consulta Popular, conforme al interés del PRI y del presidente Enrique Peña Nieto.