Luis Alberto y Ricardo Villarreal García son militantes panistas y diputados.
El hermano del actual líder de la bancada albiazul en la Cámara baja fue beneficiario de uno de los permisos que traficaba Juan Iván Peña Neder
Miércoles 16 de enero de 2013
De acuerdo con documentos oficiales, el dueño del Casino Grand en León Guanajuato, es Ricardo Villareal, compañero de partido del senador Gil
En todo el escándalo que se ha desatado por los permisos apócrifos para casinos, están envueltos panistas del primer círculo del expresidente Felipe Calderón
“¿Hay un propósito político de señalar a un grupo político dentro del PAN de cara a la renovación de la dirigencia nacional para debilitar sus posibilidades internas?"
Exsecretario particular de Felipe Calderón
El diputado panista Ricardo Villarreal García no solo tiene interés por la política, sino también por los casinos.
Hizo todo para poner un centro de apuestas en León, Guanajuato, su estado.
Su hermano es el actual coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal García.
Ricardo es legislador federal por el municipio de San Miguel de Allende.
Es secretario de la Comisión de Hacienda y en 2011, junto a su primo Victor Adrián Anguiano Villarreal, y el empresario Samuel Lejtik Vargas firmaron un contrato con Jaguar Entertainment para operar un casino.
Ante el corredor público Armando J. Salcedo Arraz, el diputado panista firmó de su puño y letra el acuerdo para utilizar el permiso de otra empresa a fin de que el Casino Grand funcionara en la ciudad de León, a través del Grupo Win.
Jaguar Entertainment es propiedad de Raúl Alvarado Madrigal y la apoderada legal de esta empresa es Talía Vázquez Alatorre, quien denunció la existencia de una mafia en la Secretaría de Gobernación que traficaba con permisos falsos, para establecer casinos en todo el país.
Este grupo estaba encabezado por su exesposo Juan Iván Peña Neder, excoordinador de asesores del subsecretario panista Abraham González.
La acusación fue basada en que panistas se vieron beneficiados con estos permisos apócrifos.
Algunos a través de prestanombres, y otros directamente con empresas de su propiedad.
Poco a poco, por sus contradicciones, por pruebas y documentos oficiales, se ha ido desenredando el hilo de la madeja.
El contrato
Talía Vázquez Alatorre denunció ante las cámaras de Reporte Indigo haber visto a su exesposo entregarle 800 mil dólares al senador panista Roberto Gil, cuando era secretario particular del presidente de la República, Felipe Calderón.
Molesto ante la denuncia, Gil aseguró que no se podían creer los dichos de la denunciante pues ella tenía nexos con el crimen organizado y era dueña del Casino Grand, en León Guanajuato.
Sin embargo en realidad ese casino, de acuerdo con documentos oficiales, es en realidad de su compañero de partido Ricardo Villarreal García, socio de la empresa Grupo Win México.
Existe un contrato de asociación en participación entre Jaguar Entertainment (asociante) y Grupo Win México (asociado) con la finalidad de que el segundo utilice el permiso para instalar un casino del primero.
Firmado en la Ciudad de México el 11 de diciembre del 2008, el documento que se inscribió el acta 581-A por la Correduría Pública número 29 y establece que Ricardo Villarreal del Grupo Win México, tiene el cargo de presidente.
En el contrato establece que habría una inversión inicial de 16 millones de pesos para poner en funcionamiento el casino. En la cláusula tercera se detalla que 6 millones de pesos se invertirán para pagar el traspaso del inmueble en el que estará ubicado el casino y otros 3 millones de pesos para lograr “un acuerdo político” que permita la operación del centro de apuestas.
No dice si esa partida será para el pago del permiso o erogación por concepto de cobros municipales, claramente habla del pago para “un acuerdo político” que les permitiera obtener permisos, y por ende, la operación de su negocio.
“Desde este momento el asociante reconoce como gastos comprobables la cantidad de 6 millones de pesos, de los cuales corresponden 3 millones a la obtención del acuerdo político municipal para operar video-juegos de habilidad y destreza, y 3 millones de pesos serán por concepto de traspaso a los actuales arrendatarios del local donde se construirá el Centro.
“Independientemente del contrato aquí consignado, Grupo Win México S.A de C.V reconoce deber a Raúl Alvarado Madrigal la cantidad de 625 mil dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, que se pagarán en la siguiente forma: la suma de 100 mil dólares de curso legal en los Estados Unidos de América el 30 de enero del año 2008 y el resto en seis meses en pagos mensuales de 87 mil 500 dólares, mismos que se garantizan por separado mediante pagarés que serán suscritos por Grupo Win México y avalados en lo personal por Samuel Lejtik Vargas y Ricardo Villarreal García, quienes en este momento se comprometen a suscribirlos el día siguiente de la apertura del Centro”.
Además se comprometían a que una vez que entrara en funcionamiento el Casino Grand, pagaría el 50 por ciento de todas las ganancias.
Jaguar Entertainment poseía los derechos del permiso de la empresa Juegos de Entretenimiento y Video de Monterrey para poner un casino en Nuevo Vallarta, Jalisco.
En el contrato se puso como criterio para su terminación que no se pudiera cambiar la sede del casino de Jalisco a Guanajuato.
De acuerdo a la empresa de Villarreal García, Jaguar Entertainment no logró que Gobernación cambiara el permiso, para operar en León, Guanajuato, y no en Jalisco.
Por eso, ante el corredor público 70, Carlos Porcel Sastrias, solicitó el 24 de septiembre del 2010 la anulación del contrato firmado. Fue Samuel Lejtik quien promovió la terminación de la sociedad. En el escrito se menciona nuevamente a Ricardo Villarreal García.
Al disolver la sociedad, Grupo Win de México dejó de tener el permiso de la Secretaría de Gobernación para operar. Sin embargo ya estaba prácticamente instalado.
En un recorrido, representante de la Notaría Pública número 60 en León, Guanajuato, dio fe de que al 28 de octubre del 2010 –un mes después de que se solicitó la rescisión del contrato entre la empresa del panista y Jaguar Entertainment– de que el casino estaba completamente montado, pero no abierto al público.
Actualmente el Casino Grand opera con un permiso de la empresa Producciones Móviles, denunciada ante la Secretaría de Gobernación.
Nuevos testimonios confirman que funcionarios de Gobernación traficaban con permisos de casinos. La exdiputada federal Lizbeth García Coronado lo denunció a los secretarios Gómez Mont y Blake
Martes 15 de enero de 2013
Gobernación sabía desde 2009 que en sus pasillos existía una mafia que otorgaba permisos falsos y que dejaba en operación casinos que no tenían permisos legales.
Desde mayo de 2011, tres meses antes de que las llamas en el casino Royale acabaran con la vida de 52 personas, lo sabía también la Procuraduría General de la República.
Estaban enterados el poder Legislativo y el Judicial, además de la Secretaría de la Función Pública. Todos tuvieron información y exhortos para clausurar los casinos ilegales, pero nada sucedió.
Se mantuvieron en un silencio cómplice en el que los permisos falsos iban y venían, en el que documentación salía de Segob a oficinas privadas, y nadie parecía darse cuenta.
La respuesta de la autoridad se limitaba a que no sabía nada y que no tenía personal suficiente para inspeccionar.
La información que conoció Talía Vázquez Alatorre, gracias a una relación de matrimonio con el exfuncionario de Gobernación Juan Iván Peña Neder también la tuvo, por una investigación propia, Lizbeth García Coronado.
Entonces era diputada federal por el PRD y encargada del equipo de trabajo que vigilaba el funcionamiento de los casinos y el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, al interior de la Cámara.
En entrevista reitera lo que dijo a la autoridad, incluido el propio secretario de Segob después fallecido, Francisco Blake Mora: un grupo de exfuncionarios otorgaban permisos ilegales y Gobernación lo permitía.
Oídos sordos
Desde el 17 de septiembre de 2009 la Segob posee una lista de 46 casinos ilegales, la cual incluía al Royale de Monterrey.
La entregó públicamente en la Cámara de Diputados Jesús Zambrano, entonces diputado por el PRD, a Fernando Gómez Mont, quien entonces ocupaba el cargo de secretario de Gobernación.
“Le entregó una lista de establecimientos en los que operan casinos de forma irregular a lo largo y ancho del país, bajo la complacencia de su Secretaría. Esperamos que se investigue y se aplique la ley”, dijo el perredista al titular de Segob.
Esto consta en la versión estenográfica del encuentro.
Gómez Mont era entonces funcionario público, pero en su vida personal era –y lo sigue siendo– socio del bufete de abogados Zinser, Esponda y Gómez Mont.
Otro de los socios de este despacho es Julio Esponda Ugartechea, quien ha sido señalado como protector de la mafia de los casinos que ha revelado Reporte Indigo, aunque él lo negó en una carta dirigida a este diario.
La Segob no emitió respuesta sobre esta lista de casinos ilegales y al año siguiente, cuando el titular de esa dependencia era Francisco Blake Mora, nuevamente la Cámara de Diputados revivió el tema.
Lo hizo en voz de la diputada del PRD por el Estado de México, Lizbeth García Coronado, quien era secretaria de la Comisión de Turismo y coordinaba un grupo de trabajo sobre la operación de casinos.
“(La lista) era de los establecimientos que trabajaban de manera ilegal, que no tenían permisos federales, que no contaban con anuencias municipales o estatales, y presumíamos que estaban trabajando de manera irregular y que se tenía que hacer algo”.
“Esta lista se le entrega al secretario de Gobernación pero se hace caso omiso, se deja seguir trabajando a los establecimientos, no solamente a los que denunciamos, sino un sinnúmero de establecimientos que seguían operando así”, recuerda en entrevista.
El 2 de mayo de 2011, mediante una denuncia ante la PGR, la diputada dio cuenta de 16 casinos ilegales que operaban en Monterrey. El sexto era del Royale.
“No tiene permiso de la secretaría de Gobernación ni anuencia municipal (…) además se permiten juegos aún prohibidos por la ley como son naipes, ruletas y dados”, se lee en la averiguación previa AP/PGR/UEDICSPCAJ/SP/M-X/156/2011.
La diputada se reunió con las directoras de Juegos y Sorteos, Guadalupe López Mares y Araceli Barroso Rodríguez; con el encargado de la Unidad de Gobierno, Carlos Reynoso Nuño, y con el subsecretario Obdulio Ávila Mayo, para pedir informes sobre la inspección a los casinos ilegales.
“Guadalupe López Mares nos decía: ‘hay 30 y tantos inspectores y es imposible verificar el sinnúmero de establecimientos que hay en el país, y no se puede, no pueden, inspeccionar los centros de apuestas’. Que se salía de control porque había muy poco personal.
“En el caso de Araceli (Barroso) sí te escuchaban, te daban un reporte de cuántos permisionarios habían, cuántos establecimientos, pero eso era todo, solamente reportes. Cuando de un momento a otro tú visitabas la página en internet de la Dirección de Juegos y Sorteos, veías otra cosa contraria a la que te decía la directora (…) era un discurso falso de los funcionarios de Gobernación”, recalca la política.
La otra respuesta de Gobernación era que la responsabilidad recaía en el poder judicial, porque eran los jueces quienes autorizaban ampliaciones repetidas a los permisos que tenían las empresas de casinos.
El 5 de agosto de 2011 la Comisión Permanente de la Cámara baja aprobó un punto de acuerdo para que el Consejo de la Judicatura Federal informara “sobre el número de sentencias que por juicio de amparo han sido concedidas a particulares o personas morales operadoras de casinos, casas de juegos o de apuestas remotas, y la relación de jueces que las han dictado”.
García Coronado asegura que nunca obtuvieron respuesta, como tampoco supieron los resultados de una auditoría que realizó la Secretaría de la Función Pública a Gobernación, sobre este tema.
Solo dijeron que la posible corrupción en los permisos emitidos había prescrito, por lo que no había posibilidad de que alguien fuera sancionado.
Corrupción oficial