miércoles 14 de septiembre de 2011
¿Para qué las torturaron?
Guadalupe Lizárraga
La editora de la revista Contralínea en Baja California, Lorena Rojas, describe la tortura de Marcela Yarce y Rocío González, asesinadas el primero de septiembre, en un correo entre colegas. Reproduzco su texto literalmente:
“Lo más triste es la indolencia y complicidad de las autoridades del DF quienes en el afán de no comprometer a Ebrard, insisten en que fue un robo, donde involucran los movimientos bancarios que hizo en la semana Rocío González (ya van a estar como en el caso Paulette) periodista freelance cuya familia tiene una casa de cambio en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Descartan la tortura y a mi compañera Marcela, la mantuvieron colgada como si la fueran a ahorcar y le dieron un balazo en el clítoris, como parte de la tortura, a Rocío le arrancaron los pezones a balazos y luego le dieron un balazo en el tórax. Marcela se desangró por la vagina, finalmente murieron asfixiadas por la soga.
Mi director de Contralinea asegura que Marcela, la representante legal de la revista, quien asistía a las audiencias contra los hijos de Martha Sahagun y contra la empresa Zeta, trabajó hasta tarde en el cierre de los movimientos financieros (publicidad, facturas, comisiones para los corresponsales, porque Marcela era la directora de comercialización). Esa noche del 31 de agosto, se quedó hasta las 9:45, a las nueve le dijo a (Miguel) Badillo por teléfono que ya estaba cansada, que ya se iba, había terminado con los pendientes del fin de mes, pero que había quedado de pasar por ella, por Rocío para irse juntas (vivían cerca), no tenían ningún plan para irse de fiesta como sugiere el procurador del DF.
La primera línea de investigación la desestimaron, Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez siempre andan amparados para evita su detención porque el caso lo ganó Martha Sahagun, pero además traen escoltas porque han recibido amenazas, la CNDH les solicitó medidas cautelares y nadie pensó en que Marcela (A cuyo nombre está registrada la revista desde el año 2008 en que empezaron los embargos por parte de los hijos de la Sahagun) pudiera estar en peligro, ella no tenía escolta.
Pero lo claro es que nadie roba y luego tortura de esa manera. Ése es un feminicidio, las torturaban y las atacaban en sus símbolos orgánicos de femineidad. ¿A qué ladrón le interesa hacer sufrir a una mujer disparándole en el clítoris y luego colgarlas desnudas, maniatadas de las manos y los pies? Así las arrojaron como basura donde las encontraron pronto, en un parque céntrico en Iztapalapa donde temprano las descubrieron los corredores (que hacen deporte) habituales de esa zona.. Aquí se está encubriendo el móvil y los posibles responsables, qué pena porque yo pensé que Ebrard podría ser diferente, es parte de la misma porquería del sistema...”
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| Marcha por el esclarecimiento |
La saña de la que habla Lorena Rojas no corresponde a la versión de las autoridades. Éstas apuntaron que el móvil del crimen de las periodistas de Contralínea habría sido un asalto por 4 mil pesos que era lo que traía Rocío en su bolso de mano. Evidentemente no resulta verosimil, pues se trata de unos sociópatas, no sólo quienes ejecutaron los crímenes, también quienes los ordenaron. Y llamar a estos crímenes feminicidios parecería ser ya una convención de los medios, sólo porque se trata de mujeres, como sucede con los jóvenes pobres que asesinan y luego se refieren a ellos como ajuste de cuentas del narcotráfico, sin mayor investigación.
Al parecer, en México, la forma en que se define el móvil de un crimen es directamente proporcional al éxito de la distracción mediática, especialmente cuando para los mexicanos “matar” es ya parte del paisaje de una guerra que raya en la rutina, y lo único que vende en cada crimen es el misterio no resuelto.
La mayoría de las historias sobre los asesinatos de mujeres en México son tergiversadas por las propias autoridades locales y federales, y esas tergiversaciones son reproducidas por los medios de comunicación sin investigar. Más aún, son ignoradas o borradas las pistas de información sensible que familiares o testigos ofrecen voluntariamente a las fiscalías. No son pocas las evidencias de estas acciones, que en otros países serían delitos cometidos por los funcionarios de Justicia. Los casos de Ciudad Juárez o del Estado de México podrían arrojar mucha luz al respecto si hubiera menos indiferencia para frenar este tipo de delitos. Sólo hay que contrastar los expedientes de los casos con las versiones de los familiares de las víctimas.
El caso de la niña Paulette, al que alude Lorena Rojas, por ejemplo, fue en efecto un caso en extremo manipulado por las autoridades y por los mismos medios de comunicación al grado del absurdo. La verdad jamás se conocerá, y los responsables seguirán gozando de impunidad como ya es lo normal en este país.
Lo mismo sucedió en el caso de la activista juarense Josefina Reyes, a quienes de entrada los medios ignoraron sus denuncias que llevaban pistas a los militares de la región. Otro caso en que los medios reprodujeron sólo la versión del fiscal de Chihuahua, incluso con contradicciones, fue el de la poeta Susana Chávez, asesinada en febrero de 2010, mientras que las declaraciones de la madre fueron prácticamente ignoradas. O el paradigmático caso de Marisela Escobedo, asesinada por pedir justicia contra el asesino confeso de su hija. Fue noticia nacional hasta el día de su asesinato. También se suma el caso de la periodista de Veracruz, Yolanda Ordaz, quien fue torturada sexualmente, degollada, y tirado su cuerpo desnudo cerca del medio para el que trabajaba.
Ahora este escalofriante caso de Marcela y Rocío, no cambia en nada con respecto a los demás asesinatos de mujeres de Tapachula, de Ciudad Juárez o del Estado de México, excepto en que estas víctimas eran periodistas, como el caso de Yolanda. La misma saña, las mismas mentiras, la misma actitud de los medios de publicar información tergiversada, incluso las mismas reacciones ciudadanas hasta de los mismos colegas: marchas, plantones y cartas. Nada cambia. Ni siquiera la imaginación para generar una acción colectiva de impacto sin que se quede en la mera denuncia. Es un grito a los sordos, cuando podrían realizar acciones que afectaran directamente a la clase política y judicial, sobre todo de manera económica, como paros o boicots para cubrir sus noticias, en solidaridad con las asesinadas. Pero parecería que ningún medio está dispuesto a sacrificar un poco de recursos, a cambio de salvar vidas.
Hay cosas que no se entienden. ¿Por qué la revista Contralínea aceptó que se difundieran como asesinatos relacionados por su género femenino? ¿Sólo porque eran mujeres? ¿Y si por el tipo de tortura está catalogado como feminicidio, por qué se hizo referencia a su profesión como periodistas, cuando no ejercían como tales? Miguel Badillo dijo a los medios que era irrelevante si ejercían o no el periodismo. Y en ello, tiene razón. Sin embargo, para una investigación judicial no resulta irrelevante. Porque la primera hipótesis que se descartaría es que no las mataron por censurarlas, no a ellas, al menos. Y esto es una pista clave.
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| Miguel Badillo, director de Contralínea |
¿O si fueron asesinadas por ser periodistas, es decir como agresión a la línea editorial de la revista, por qué distrae la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal con la información del supuesto asalto? Si el móvil fuera económico, ¿para qué las torturaron? No hace sentido. Un ladrón no se detiene en la tortura y menos una tortura sádica.
Por otra parte, ¿qué elementos sostienen la hipótesis de que hay una tendencia de represión contra mujeres periodistas en México? En 2010, por ejemplo, de acuerdo a la información de CIMAC, agencia multimedia de noticias de género, hubo 129 asesinatos de periodistas mexicanos, de los cuales 29 eran mujeres. Y por cada asesinato de una periodista, 18 mujeres más fueron agredidas o amenazadas. Esta información se obtiene gracias a las denuncias, pero en muchos casos las periodistas no denunciamos. La mayoría opta por la autocensura o por salir del país para resguardar su vida. En lo que va del año, según esta información, un 18 o 20 por ciento del número total de asesinatos ha sido de mujeres. La gran mayoría que son de varones los relacionan con la cobertura del narcotráfico. Una cuestión no menos fácil de confirmar, por todo lo que no se denuncia y por la ineficiencia y corrupción de las fiscalías y ministerios públicos.
El punto es nuevamente la distracción sobre los móviles del crimen de Marcela y Rocío. Una distracción en la que participan los medios activamente, y los mismos colegas. Si les llamamos feminicidios, ya de entrada hay un juicio del móvil que los llevó a perpetrar tal atrocidad. Si les llamamos asesinatos de periodistas, va implícito un atentado contra la libertad de expresión, o con el trabajo periodístico. Si el móvil está relacionado con la casa de cambio y las transacciones comerciales de la propia revista, como lo manejó primeramente el procurador, se pone de relieve el robo o lavado de dinero o alguna otra gestión ilícita relacionada con lo monetario, pero obviamente no por lo que llevaba el bolso de Rocío.
La forma en que se defina el crimen, la forma en cómo lo publiquemos en los medios está influyendo en la opinión pública y propiciando un juicio colectivo implícito o explícito. Y que en muchos casos puede contribuir a hacer un daño moral a terceros. Puede orientar o desorientar exitosamente, y en este caso, como en los ya mencionados, medios y autoridades contribuyen a no encontrar la verdad de los crímenes, sino a distraer al público atento.
Hay más cuestiones que se quedan al aire. ¿Por qué esta casa noticiosa no considera públicamente la probabilidad de que el hostigamiento pudiera ser contra el propio editor responsable de Contralínea? Otra pista de investigación plausible, indudablemente.
Sabemos que hay feminicidios que no trascienden en los medios. En este caso resulta obvio porque las víctimas eran periodistas y del Distrito Federal. Dos factores que influyen para su atención nacional mediática. Pero que, al igual que todos los demás, están marcados principalmente por la ineficacia de las autoridades. Y aún cuando “atrapen” a unos jóvenes pobres de Iztapalapa y los golpeen hasta que declaren que ellos fueron los sociópatas que las asesinaron, nunca sabremos para qué las torturaron los verdaderos criminales.
Fuente: El Menospresio del Siglo.