Inseguridad y violencia
Ricardo Rocha / Detrás de la Noticia
Por fin tenemos en este país una estrategia contra el crimen organizado que ahora manda en gran parte del territorio.
Y es que, al igual que algunas otras voces, estoy convencido de que es un error hablar de “la estrategia del Gobierno en la guerra contra el narco”, porque simple y llanamente nunca la hubo. Lo que hemos vivido durante casi cinco años es un método elemental y, en más de un sentido, cavernario, que antepone la violencia generando una espiral tan sangrienta como inacabable. Un procedimiento rudimentario que prácticamente omite la inteligencia y en cambio ha optado por el fuego contra fuego, sin importar quién queda en medio.
Por eso, ahora que la Cámara de Diputados comienza el debate sobre las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, resulta no sólo oportuna sino sustancial esta gran propuesta universitaria que consta de 30 recomendaciones a los tres poderes de la Unión y seis compromisos de la propia UNAM. Primero porque es fruto de una confiabilísima reflexión colectiva de un centenar de expertos nacionales e internacionales convocados por el propio rector Narro Robles en el Congreso sobre Seguridad y Justicia en Democracia; luego, porque sus sugerencias son muy concretas y ajenas a intereses partidistas o de grupo. No es tampoco una censura o un regaño al gobierno calderonista. Se trata de una iniciativa vinculante y, ¿por qué no?, patriótica, en un momento decisorio y doloroso por el intolerable y cotidiano baño de sangre en que amanecemos cada día.
Para no pecar de ingenuidad, es obvio que será una propuesta incómoda para el Gobierno y los gobiernistas que ya se apresuran a desdeñarla y descalificarla sin siquiera haberla leído. Harán muy mal, porque se trata –esta sí– de una estrategia integral que, si bien es discutible, puede ser la base de un gran debate nacional que ahora debe darse en el Congreso.
Son muchas y diversas las virtudes de este documento histórico: propone un gran pacto político y social que reoriente nuestras instituciones de seguridad y justicia; antes que las balas, privilegia la prevención del delito; destaca la implementación de toda una serie de medidas para los jóvenes, que incluyen desde programas para alejarlos del consumo de drogas, becas, empleos y hasta una Defensoría de la Juventud; establece políticas de reclutamiento para policías y ministerios públicos reinsertándolos en la comunidad, propone rediseñar e intensificar la persecución del lavado de dinero como elemento fundamental para desmembrar los cárteles del narcotráfico y sugiere replantear todos los esquemas de operación de las prisiones para restablecer el orden y la ley, así como despenalizar delitos no graves para descongestionar los reclusorios, entre otras medidas recomendadas por los especialistas.
Desde luego que el tema toral del documento presentado antier es el que se refiere al papel del Ejército y la Marina. Sin aspavientos, se prioriza “el diseño de un plan para el regreso de las Fuerzas Armadas a las funciones que le son naturales, tan pronto como sea posible”. En este punto es absolutamente previsible una férrea oposición del presidente Calderón y sus huestes panistas porque justo es ahora que tratan de legalizar y elevar a rango constitucional la intervención de marinos y soldados para evitar cuestionamientos por el cúmulo de miles de denuncias por sus abusos y crímenes con el pretexto de su guerra al narco. Además de que, de entrada, todo lo que provenga de nuestra UNAM no es precisamente bien recibido por la cúpula panista en el poder. Baste decir que hay tan sólo un puma en el gabinete y mejor ni digo de quién se trata.
De cualquier manera, la batalla fundamental se dará en San Lázaro, donde nuestros diputados tienen una oportunidad irrepetible de cambiar el rumbo patético y violento que hemos seguido hasta ahora y que ha dejado 50 mil muertos, 100 mil desaparecidos y 120 mil desplazados. Optar, en cambio, por una alternativa moderna, inteligente, sensata y organizada para combatir al crimen organizado. Es ahora o nunca.
Por fin tenemos en este país una estrategia contra el crimen organizado que ahora manda en gran parte del territorio.
Y es que, al igual que algunas otras voces, estoy convencido de que es un error hablar de “la estrategia del Gobierno en la guerra contra el narco”, porque simple y llanamente nunca la hubo. Lo que hemos vivido durante casi cinco años es un método elemental y, en más de un sentido, cavernario, que antepone la violencia generando una espiral tan sangrienta como inacabable. Un procedimiento rudimentario que prácticamente omite la inteligencia y en cambio ha optado por el fuego contra fuego, sin importar quién queda en medio.
Por eso, ahora que la Cámara de Diputados comienza el debate sobre las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, resulta no sólo oportuna sino sustancial esta gran propuesta universitaria que consta de 30 recomendaciones a los tres poderes de la Unión y seis compromisos de la propia UNAM. Primero porque es fruto de una confiabilísima reflexión colectiva de un centenar de expertos nacionales e internacionales convocados por el propio rector Narro Robles en el Congreso sobre Seguridad y Justicia en Democracia; luego, porque sus sugerencias son muy concretas y ajenas a intereses partidistas o de grupo. No es tampoco una censura o un regaño al gobierno calderonista. Se trata de una iniciativa vinculante y, ¿por qué no?, patriótica, en un momento decisorio y doloroso por el intolerable y cotidiano baño de sangre en que amanecemos cada día.
Para no pecar de ingenuidad, es obvio que será una propuesta incómoda para el Gobierno y los gobiernistas que ya se apresuran a desdeñarla y descalificarla sin siquiera haberla leído. Harán muy mal, porque se trata –esta sí– de una estrategia integral que, si bien es discutible, puede ser la base de un gran debate nacional que ahora debe darse en el Congreso.
Son muchas y diversas las virtudes de este documento histórico: propone un gran pacto político y social que reoriente nuestras instituciones de seguridad y justicia; antes que las balas, privilegia la prevención del delito; destaca la implementación de toda una serie de medidas para los jóvenes, que incluyen desde programas para alejarlos del consumo de drogas, becas, empleos y hasta una Defensoría de la Juventud; establece políticas de reclutamiento para policías y ministerios públicos reinsertándolos en la comunidad, propone rediseñar e intensificar la persecución del lavado de dinero como elemento fundamental para desmembrar los cárteles del narcotráfico y sugiere replantear todos los esquemas de operación de las prisiones para restablecer el orden y la ley, así como despenalizar delitos no graves para descongestionar los reclusorios, entre otras medidas recomendadas por los especialistas.
Desde luego que el tema toral del documento presentado antier es el que se refiere al papel del Ejército y la Marina. Sin aspavientos, se prioriza “el diseño de un plan para el regreso de las Fuerzas Armadas a las funciones que le son naturales, tan pronto como sea posible”. En este punto es absolutamente previsible una férrea oposición del presidente Calderón y sus huestes panistas porque justo es ahora que tratan de legalizar y elevar a rango constitucional la intervención de marinos y soldados para evitar cuestionamientos por el cúmulo de miles de denuncias por sus abusos y crímenes con el pretexto de su guerra al narco. Además de que, de entrada, todo lo que provenga de nuestra UNAM no es precisamente bien recibido por la cúpula panista en el poder. Baste decir que hay tan sólo un puma en el gabinete y mejor ni digo de quién se trata.
De cualquier manera, la batalla fundamental se dará en San Lázaro, donde nuestros diputados tienen una oportunidad irrepetible de cambiar el rumbo patético y violento que hemos seguido hasta ahora y que ha dejado 50 mil muertos, 100 mil desaparecidos y 120 mil desplazados. Optar, en cambio, por una alternativa moderna, inteligente, sensata y organizada para combatir al crimen organizado. Es ahora o nunca.