La gran lección postelectoral es la de saber que con las leyes
vigentes se dificulta la impartición de la justicia. Aún
comprobando los presuntos delitos, podrían ser insuficientes o
el fallo darse demasiado tarde. ¿Qué harán entonces con la
furia popular?
Martes 24 de julio de 2012
Fue el último día de Carlos Pascual como embajador de Estados Unidos en México y el primero de los futuros problemas de Felipe Calderón con América del Norte.
Estaban en Los Pinos. A la reunión solamente asistía el presidente, la secretaria de Estado Patricia Espinoza, un asesor de ella y uno de él.
Al terminar, Hillary Clinton, en una conferencia de prensa que dio ese mes de enero de 2011, dijo algo muy importante: “Hemos hablado de los problemas sistémicos de la justicia mexicana que pueden causar un daño irreparable a la lucha contra el narcotráfico”.
Probablemente nadie habría tenido duda alguna de que las elecciones debían ser anuladas si se comprobaban las denuncias.
Estamos igual en todos los niveles y esferas de la vida nacional. La justicia existe, es una aspiración universal. Es más, existen jueces que cumplen con su obligación e instituciones que se merecen un voto de confianza, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el país sigue teniendo un déficit de justicia.
Se acabó el tiempo del presidente omnipresente. Se acabó el tiempo del poder de las armas. Se acabó el tiempo del chantaje permanente y del poder sindical. Se acabó el tiempo de los intelectuales o los periodicazos.
¿Quién construirá el país del futuro? Sin duda alguna, va a llegar el momento de los jueces y los investigadores.
¿Qué nos pasa? Pues nos pasa una cosa perfecta. Hemos creado una legislación electoral que, pieza por pieza, estaría muy bien si todos cumplieran con su obligación. Pero a la hora de la verdad, y en el caso de la necesidad de hacer que las leyes funcionen, éstas son únicamente indicativas.
Dicho de otra manera, como este periódico explica hoy, aun suponiendo –que es mucho suponer– que en enero de 2013 el IFE decida que la elección sí fue financiada de mala manera, no solamente para un partido sino para varios o todos, ya dará igual.
El presidente ya habrá protestado y el gobierno, o sea, los jefes de los jefes de los consejeros independientes, tendrá un líder claro. La oposición ya tendrá sus curules y sus asientos en el Senado, así como sus aportaciones del IFE y su negocio en marcha.
En otras palabras, tal como está hoy la impartición de justicia –tanto para los asesinatos como para los delitos electorales–, lleva al crimen perfecto.
Es terrible comprobar que ante la desaparición del Estado, es más fácil matar que corromper. Por eso, ante todo lo que ha comenzado ahora entre la furia popular y la necesidad de ser un mejor país, debe saber que solo será posible en la medida en que México se tome en serio su gran asignatura pendiente.
Y esa tarea es un poder de investigación del Estado fuera de lo que le apetezca al procurador en turno, nombrado por el presidente en turno, con un sistema judicial que entienda que la única manera de salvar al país, la República, y por lo tanto, a ellos mismos, es hacer su función sin demasiadas concesiones, sin demasiados miedos.
Pase lo que pase a partir de aquí, más allá de los periodicazos del día, más allá de las pequeñas víctimas, se garantiza la impunidad total para los malos. Y eso debe servirnos como un elemento de revolución social porque, suponiendo que se lleguen a probar los crímenes, ¿quién los investigará?, ¿quién los condenará?, ¿quién los juzgará?, ¿quién hará justicia en nuestro nombre?
¿PRESIDENTE IMPUGNADO?
Por Félix Arredondo
Por Félix Arredondo
¿Qué pasaría si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera en septiembre declarar a Enrique Peña Nieto presidente electo, y que en enero de 2013 el IFE encontrara que no se respetaron los topes de campaña, o que sí hubo compra de votos?
La respuesta es simple. Enrique Peña Nieto seguiría siendo presidente.
El acto sería un hecho consumado. Imposible de reparar, por injusto que parezca. Ya nada se podría hacer para cambiar el fallo del Trife.
Y mucho menos para regresar las cosas al estado en que se encontraban antes de la resolución.
El palo habría sido dado. Y “palo dado ni Dios lo quita”, dice el refrán.
Por eso se entiende la preocupación que han externado los presidentes del PAN y el PRD, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, al solicitar al IFE que resuelva las denuncias presentadas antes de que el Tribunal Electoral emita su sentencia.
“Es un tema que nos compromete a todos los demócratas, los partidos políticos, para pedirle a las autoridades que ejerzan su papel y aclaren esas denuncias con oportunidad, que es la petición que estamos haciendo respetuosamente al IFE para que no se dilate en estas investigaciones, sino que, por el contrario, las profundice, las amplíe y las acelere”, exigió Gustavo Madero.
Y es que aunque los responsables de los delitos electorales, ya sea personas o partidos, pudieran ser sancionados, “el crimen” habría resultado perfecto.
Uno de esos crímenes en los que los criminales no sufren las consecuencias de sus actos y resultan impunes.
¿Qué respuesta han merecido por parte de las autoridades electorales las solicitudes de los partidos? ¿Qué consecuencias y alcances podría tener en los hechos una situación como la descrita? Analicemos.
La denuncia de los partidos
Hace seis años, solamente los partidos de izquierda se negaron a reconocer el triunfo de Felipe Calderón.
A diferencia de lo que sucede hoy, en los primeros días de julio de 2006, tanto el PRI como Roberto Madrazo se apresuraron a reconocer el triunfo del PAN.
¿Qué hubiera pasado en 2006 si el PRI hubiera interpuesto quejas y demandas en mancuerna con el PRD –en contra del PAN– por compra de votos, rebase de topes de campaña, exceso en los topes de aportaciones y empleo de mecanismos paralelos de financiamiento?
¿Qué hubiera pasado si Mariano Palacios, el presidente del PRI, como lo hace ahora Gustavo Madero, el presidente del PAN, hubiese señalado que en las elecciones hubo participación indebida del gobierno, así como promoción de candidatos fuera de los tiempos establecidos?
¿Qué hubiera sucedido en 2006 si el presidente del PRI hubiera participado en una rueda de prensa conjunta con el líder nacional del PRD para denunciar que en las elecciones hubo uso de “paquetes integrados” o convenios de publicidad –cobertura en medios de comunicación para evadir las normas electorales de gasto y difusión– y manejo de encuestas de opinión como propaganda electoral?
¿Qué hubiera pasado si el PRI, conjuntamente con los partidos de izquierda, hubiese demostrado fehacientemente el empleo de tarjetas como las de Monex para demostrar que el PAN había hecho pagos indebidos?
Probablemente nadie habría tenido duda alguna de que las elecciones debían ser anuladas si se comprobaban las denuncias.
Hoy, a diferencia de lo ocurrido en 2006, los partidos de izquierda no son los únicos que denuncian. También lo hace el PAN.
Los señalamientos y acusaciones son prácticamente los mismos. Aunque los panistas han decidido no demandar la nulidad de los comicios.
Esta vez, los panistas fueron los primeros en denunciar formalmente los casos de compra de votos y la inequidad en la contienda.
Porque el PAN fue el primero que denunció formalmente el uso indebido de las tarjetas de Monex en el proceso electoral.
Más aún, solicitó al IFE que congelara esos fondos para impedir que fueran utilizados en la campaña del PRI. Pero el árbitro se negó hacerlo.
Y después de las elecciones brotaron las evidencias y los testimonios de que el PRI había recurrido a otras prácticas prohibidas para ganar votos. Además de las tarjetas de Monex, salieron a la luz las de Soriana.
Sin embargo, la Unidad de Fiscalización del IFE y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) no dieron señal alguna de que estuvieran investigando los hechos.
LA POSTURA DEL ÁRBITRO ELECTORAL
El IFE
El IFE
Hace seis años, el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, cometió tantos errores con sus actos y sus declaraciones, que se reformó la ley electoral para destituirlo.
Leonardo Valdés Zurita fue su relevo. Y se suponía que las cosas cambiarían radicalmente.
Sin embargo, el nuevo Consejo General del IFE ha demostrado ser tan negligente –por decir lo menos– como el de 2006.
Sin embargo, el nuevo Consejo General del IFE ha demostrado ser tan negligente –por decir lo menos– como el de 2006.
Se trata distinguir entre lo justo y lo injusto. Entre lo correcto y lo incorrecto. Entre lo lógico y absurdo. Y la ley da para eso.
Pero ante la solicitud que hicieron los presidentes del PRD y el PAN para que el IFE investigara con celeridad los hechos que fueron denunciados desde antes de las elecciones, Valdés Zurita respondió:
“Quienes hoy pretenden que se apresuren los procedimientos de fiscalización, saben bien –porque sus representantes ante los órganos legislativos así lo aprobaron– cuáles son los plazos específicos que la ley establece para la realización de las actividades de fiscalización”.
Lejos de decir que harían su mejor esfuerzo para llegar a la verdad, precisó:
“El Instituto Federal Electoral está haciendo su trabajo. Lo hace con responsabilidad en los términos de la ley y, si encontramos cualquier ilícito en el origen de los recursos que se utilizaron por los partidos y las coaliciones en este proceso electoral, así lo vamos a dar a conocer y así lo vamos a sancionar”.
Y para evidenciar su falta de voluntad, fue más allá.
Dijo que el IFE haría su investigación “en los términos y plazos de la ley, no los términos y plazos que a alguien se le ocurra, en los términos que son mejores que los que establece la ley”.
Y como si los ánimos no estuvieran suficientemente caldeados, Valdés Zurita publicó ayer un editorial en el periódico El Universal.
“Las actuales reglas de la democracia son las más equitativas que hayamos tenido los mexicanos en toda nuestra historia. Los factores del sistema político que en los años 90 se consideró influían en las elecciones, han desaparecido: el presidencialismo es cosa del pasado; la estructura e inercias políticas del sistema de partido hegemónico desaparecieron con la consolidación de un sistema de partidos; el profesionalismo del IFE es un lugar común; es comprobable que, en 2012, los medios de comunicación fueron imparciales y actuaron apegados a la ley, tanto en la transmisión de los mensajes de los partidos y candidatos, como en la cobertura de sus noticieros y, seguramente, al concluir la fiscalización de las campañas podremos afirmar que éstas han sido las elecciones más auditadas”, escribió el presidente de la instancia que debería ser imparcial.
“Por ello, con la información que hoy tenemos, a nuestro sistema electoral le puede faltar cultura democrática y educación cívica, pero no mayor equidad”.
¿Y qué pasó con las investigaciones sobre Monex?
El Tribunal Electoral
Esta actitud parece haber contaminado a todos aquellos vinculados con el arbitraje electoral.
Es el caso del magistrado del Tribunal Electoral Pedro Esteban Penagos, quien declaró:
Es el caso del magistrado del Tribunal Electoral Pedro Esteban Penagos, quien declaró:
“Desde luego, no influyen las declaraciones que en un momento dado pudieran hacerse a nivel medios de comunicación. No influyen, como consecuencia, y esto lo digo con todo respeto, marchas, manifestaciones.
“¿Por qué? Porque el sistema democrático en México, por voluntad del legislador, quedó completamente arreglado.
“Las reglas, a veces, desde luego, hacen, en un momento dado, que tengan que interpretarse, pero el instrumental jurídico del que disponemos realmente nos permite resolver de manera integral y completa, actual, todos los medios de impugnación”.
Las investigaciones de los medios
El colmo fue que después de las elecciones, equipos de periodistas como el de Carmen Aristegui lograron resultados en unos cuantos días. Algo que todavía no han podido hacer ni el IFE ni la FEPADE.
Los periodistas de Aristegui ya tienen elementos para acreditar que los accionistas de Operadora y Comercializadora EFRA son prestanombres.
Que los teléfonos consignados en las facturas por 91 millones de pesos que expidió Monex a Operadora y Comercializadora EFRA son los mismos del despacho jurídico de los Fraga.
Que los Fraga están muy vinculados al PRI y que uno de ellos participó directamente en la campaña de Enrique Peña Nieto.
Investigador que no investiga
Es cierto. Puede ser que no pase nada si el investigador no investiga, si el árbitro no es imparcial, o si los jueces no son justos.
Pero también es cierto que, en todas las latitudes del mundo, en todos los tiempos, las cosas pasan. Y cuando pasan, muchos despiertan de su letargo para preguntarse por qué pasaron esas cosas.
¿Por qué se perdió la paz si, a su juicio, las leyes eran perfectas?
Y es que si se llegase a comprobar –con el IFE o sin el IFE– que las elecciones no fueron ni libres, ni equitativas después de que el Tribunal Electoral declare la validez del proceso, podrían pasar muchas cosas.
En lo económico, los mexicanos habremos perdido por lo menos 17 mil 452 millones de pesos, que es el presupuesto total aprobado para el Tribunal Electoral del Poder Judicial, el IFE y la FEPADE en 2012.
Si se quiere ampliar el espectro, la pérdida sería de 134 mil millones de pesos del año 2000 a la fecha.
En lo moral, los mexicanos podríamos acrecentar nuestras pérdidas acumuladas de fe y confianza en las instituciones de justicia.
En esas instituciones que declaran que hacer un fraude como el de Melate, por más de 100 millones de pesos, no es delito grave.
Y en lo social, los mexicanos estaríamos en riesgo de perder la paz. Porque si no hay justicia, difícilmente podrá haber paz. La cita es de San Agustín.
TIEMPOS 'CRUZADOS'
No es un accidente que la fiscalización sea ex post de la calificación de una elección. Así lo definieron los partidos en la ley electoral
Por Adriana Amezcua
Javier Aparicio, profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), considera que “es un defecto grave del sistema legal el que el modelo de fiscalización sea ex post”.
El economista dice que resulta desafortunado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tenga que resolver la calificación de la elección presidencial cuando el IFE no ha terminado siquiera de auditar.
El problema, indica el experto en sistemas electorales y competencia política, es que se cruzan las competencias entre estas dos autoridades electorales. Porque el TEPJF no puede auditar gastos de campaña y solo puede resolver lo que está en las quejas cuando el IFE aún no recibe toda la documentación de los gastos de campaña.
“Ahí se cruzan los tiempos muy mal: ni siquiera el IFE, entregando la mejor documentación a la fecha, ni siquiera así la información es completa”.
Éste es un defecto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), precisa el académico.
Y “como defecto del Cofipe, no es una responsabilidad que le puedas atribuir al IFE”.
Aparicio advierte que cuando se señala que el Instituto ha actuado de forma indolente por no trabajar con celeridad, no se toma en cuenta un punto central: que de acuerdo con el principio de legalidad, una autoridad administrativa solo puede hacer lo que la ley le permite, no más.
“El IFE vive en ese mundo raro en el que la ley le dice que la fiscalización empieza ahorita”, comenta. Luego dispone de 60 días para recibir la documentación correspondiente y tiene hasta 90 días más para auditar.
En entrevista con Reporte Indigo, el maestro y doctor en economía por la George Mason University subraya que el trasfondo de esta problemática es responsabilidad de los partidos políticos.
Son ellos los que han decidido que la autoridad fiscalice en esos tiempos y formas “porque los partidos no quieren meterse en la bronca de que por rebasar el gasto de campaña, les anulen una elección”.
“No es un accidente” que la fiscalización sea ex post, ni tampoco que la máxima pena por rebasar gastos de campaña sea una multa económica. Todos los partidos parten del supuesto de que si rebasan los topes de campaña, la sanción es irrisoria, explica. “Es una parte perversa del sistema: los mismos partidos, al diseñar su ley (electoral), toleran el exceso de gasto”.
Crítico de algunos mecanismos del Cofipe, Aparicio asegura que la legislación está hecha para cubrir la espalda de los partidos.
Cómo entender que haya tan pocos debates, por ejemplo. “Porque los partidos no quieren que los ataquen, ni tampoco tener que debatir. Por la misma razón que el PRI no quiere segunda vuelta, también aprobaron darse spots gratis, prohibir campañas negativas y regular el número de debates”.
Lo que están atestiguando los mexicanos, dice el consejero saliente del Instituto Electoral del Distrito Federal, es un pleito mediático entre actores políticos. Si bien es válido dar la batalla cuando hay irregularidades y demandar que sean sancionadas, indica que el marco legal se presta para que haya acusaciones frívolas.
El académico del CIDE apunta que el hecho de que las elecciones mexicanas sigan siendo tan impugnadas se debe a dos factores.
Por un lado, el país no tiene una normalidad democrática en la que unos ganan, otros pierden y todos aceptan los resultados. En México se impugnan todas las elecciones, “las locales, las de gobernador, las de presidente”.
Por otro, el exceso de impugnaciones refleja que “ya se nos pasó la mano”. Y si se regula mal, se dan incentivos a los partidos para que se quejen de todo, “para ganar tiempo, para quitarle recursos al otro partido, para distraer al árbitro”. Es así como quedan al margen los temas nodales de un proceso electoral.
Javier Aparicio asegura que el balón está en la cancha del Tribunal Electoral. Y dada su amplia jurisdicción –funge como una especie de Suprema Corte en materia electoral–, “se puede poner garantista hasta donde quiera”. Con todo lo que ello supone para validar o no la elección presidencial del pasado primero de julio.
EL RETO DEL TEPJF
La interpretación de la ley que hará el Tribunal Electoral para calificar los comicios presidenciales aún es un enigma. ¿Actuará de forma distinta de como lo hizo el IFE?
Por Adriana Amezcua
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría optar por hacer una interpretación constitucional, y no simplemente legalista. Así opina el diputado petista Jaime Cárdenas Gracias respecto a la calificación que emitirá esta autoridad sobre la elección presidencial 2012.
“Me parece que el Tribunal ahí tiene un reto: ser un tribunal de simple legalidad o si, en cambio, se asume como un tribunal constitucional electoral (haciendo) una interpretación conforme y pro homine”.
En opinión del experto jurídico, el Tribunal Electoral podría requerir a la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) que concluya sus investigaciones antes de la fecha límite para emitir la calificación de la elección presidencial.
Lo anterior ya fue planteado en el juicio de conformidad, y se seguirá insistiendo en ello en los próximos escritos dirigidos al TEPJF.
El objetivo es que la Unidad de Fiscalización concluya los trámites con antelación a la fecha límite de calificación del proceso electoral. De este modo, comenta el abogado, se daría cumplimiento al principio de certeza previsto en el Artículo 41 de la Constitución.
Leonardo Valdés Zurita ya declaró que la institución que encabeza no se someterá a presiones de “algunos actores políticos” que buscan apresurar las investigaciones “para darles gusto”.
Afirmó que será hasta 2013 cuando se tendrán los resultados de la fiscalización del IFE.
Incluso mencionó que la coalición Movimiento Progresista no ha acompañado la presentación de delitos e irregularidades con denuncias penales.
Incluso mencionó que la coalición Movimiento Progresista no ha acompañado la presentación de delitos e irregularidades con denuncias penales.
A este respecto, Cárdenas opina que es inadecuado que el IFE siga litigando en contra de la coalición de las izquierdas. Dice que cualquier abogado sabe que los procedimientos legales y los administrativos son autónomos, y tienen una ruta propia.
“El IFE ya debería mantenerse al margen, éste es el momento procesal de la autoridad electoral, la única oficina que tiene importancia para la calificación es la Unidad de Fiscalización. Ellos son quienes deben hacer su trabajo y esperar que el Tribunal los requiera para presentar los resultados de su investigación”, comenta.
La lectura que hará el TEPJF es un enigma. Es probable que apueste a la misma lectura que hizo el IFE, pero aún tiene la posibilidad de marcar la diferencia.
Esto ocurrirá si toma en cuenta la reforma sobre derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial. En el Artículo 1o., establece que todas las autoridades deben hacer una interpretación conforme. Se refiere también a interpretar la ley, los reglamentos y las normas secundarias a partir de la Constitución.
“Ésa es una obligación de todas las autoridades: hacer una interpretación conforme, siempre tomando en cuenta la Constitución, cosa que el IFE no ha hecho”, dice el petista.
La interpretación pro homine se refiere a tomar en cuenta las leyes secundarias que maximizan los derechos humanos de las personas. Es aquí donde, según Cárdenas, se podría ampliar el significado para hacer más protector el análisis constitucional sobre un derecho de participación política.
No obstante, el ex consejero electoral explica que el problema de fondo es que la autoridad electoral está rezagada, es pasiva y no proactiva.
“Es una autoridad que se parapeta y escuda en una lectura formal y letrista de la ley. Que no toma en cuenta los principios constitucionales. Una autoridad que toma la ley como pretexto para no actuar. Es una autoridad que escogió ser formalista y alejarse de la realidad en que vivimos”.
El doctor en derecho dice que no sabe si la autoridad electoral procede así por ignorancia o por mala fe. Lo cierto es que hay un “pecado de origen” relacionado con la forma en que son designados los consejeros electorales y los magistrados.
“Mientras los primeros sean designados por los partidos en la Cámara de Diputados y los segundos en el Senado de la República, no va a haber muchas posibilidades de tener perfiles distintos de estos actores”, señala.
Jaime Cárdenas considera que se debería buscar un método más ciudadano, más comprometido, para seleccionar a dichos representantes.
“Que lleguen, por ejemplo, activistas a favor de la democracia. Pensar si deben ser electos por los ciudadanos o pensar en otro método, dado que el actual, que es uno de reparto de cuotas entre los partidos, no es el más adecuado”, asegura.