El baño de sangre y la cesión de la soberanía nacional
| Autor: Marcos Chávez * | |
9 febrero 2012
Que los cielos y la tierra retumben para maldecir a esos traidores que entregaron a su país y su gente a una nación extranjera; que sus almas no encuentren reposo hasta el fin de los tiempos porque lo más sagrado que tiene un hombre es su honor y la patria
Ignacio Ramírez, el Nigromante, 15 de septiembre de 1863
La decisión del presidente Felipe Calderón puede o no ser genuina, una especie de guiño o pacto de “caballeros”, aunque nunca se ha caracterizado por esa clase de mensajes. Al cabo que el expresidente Ernesto Zedillo contribuyó decisivamente en la derrota del Partido Revolucionario Institucional (que desprecia) en 2000, y al ascenso del panismo a la Presidencia, en una alternancia administrada por el bloque dominante de la derecha con los objetivos de asegurar la continuidad del autoritarismo político y los proyectos neoliberal de nación y de preservar los intereses creados alrededor del régimen. Quizá es un simple formalismo intrascendente. Acaso porque desea emplearla como moneda de cambio. O porque Calderón la animó o dejó que siguiera su curso, sin interferirla, como una advertencia, como parte de su sucia estrategia (en la que es experto) en la lucha contra el priísmo por la Presidencia en las próximas elecciones.
Cualesquiera que sea la razón que lo motivó, hace muy bien en solicitar –sincera o fingidamente– a los estadunidenses la inmunidad de Zedillo, dada la demanda que enfrenta en una corte federal de Connecticut por su presunta responsabilidad en el asesinato cometido en contra de 45 indígenas tzotziles, en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Podría decirse que es el sistema político, encarnado en Calderón, que defiende a sus hijos. Que busca protegerlo con una figura jurídica de dudosa existencia, toda vez que Zedillo no es un funcionario ni diplomático mexicano. Localmente una petición de esa naturaleza sería excéntrica. No le inquietaría, si es que le quita el sueño. No porque la denuncia carezca de sustancia, sino por la impunidad y arbitrariedad con que normalmente funciona el régimen. De imperar el estado de derecho en México, si existiera un Poder Judicial imparcial, que velara por la justicia y el imperio de las leyes, hace tiempo que la masacre de Acteal sería un caso legalmente juzgado.
Calderón aplica el principio de “hoy por ti, mañana por mí”. Es una especie de compra anticipada de su seguro de protección en la agonía de su mandato. Al apadrinarlo se defiende a sí mismo, debido a la demanda que gravita en su contra en la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad cometidos por los aparatos represivos del Estado, en la “guerra” contra el narco que terminó pisoteando los derechos constitucionales de la población. Como promotor de esa “guerra”, como jefe del Ejecutivo y máximo representante de las Fuerzas Armadas, es el responsable directo. Desde luego, nada garantiza que prosperará la petición de justicia internacional en contra de Zedillo y Calderón, ya que los tribunales foráneos operan con los mismos defectos y raseros que caracterizan a los mexicanos. Están al servicio del poder, aplican la “justicia de los vencedores” y protegen a sus siervos. Ello explica que personajes acusados como criminales de guerra, como el político y diplomático estadunidense, Henry Alfred Kissinger; los expresidentes de Estados Unidos, George WBush y William Clinton; el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Richard Dick Bruce Cheney; el exprimer ministro del Reino Unido, Anthony Blair, o el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, desfruten plácidamente de la vida sin que nadie los moleste.
¿Alguien puede imaginarse que el próximo presidente abrirá el expediente de la guerra sucia calderonista y someterá a juicio a los culpables, como lo hace actualmente el gobierno de Argentina, progresista, elegido democráticamente, que una vez que eliminó las espurias leyes de impunidad inventadas por los militares para cubrirse las espaldas, empezó a llevar a los tribunales y encarcelar a quienes sometieron a un baño de sangre a su pueblo? Ese país es un espejo incómodo para Calderón y sus compañeros de aventura que representan una herencia maldita para la elite política, toda vez que involucra a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya que incumplieron con sus responsabilidades constitucionales, en lugar de anteponer la Carta Magna y las leyes, solaparon su “guerra”. Como muchos mexicanos, Human Rights Watch (organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos) acaba de solicitar que el siguiente gobierno investigue los abusos cometidos contra los derechos humanos durante la lucha contra el crimen organizado y que evalúe la pertinencia de mantener a los militares en las calles.
Las posibilidades son remotas. Enrique Peña Nieto alzó su voz para defender a Calderón, al conocer la demanda levantada en su contra en la Haya, y promete mantener la “guerra” por la seguridad. Los precandidatos panistas la asumen como un legado legítimo que merece continuarse y levantarán el muro de protección. Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado al respecto.
De todos modos, como se rumora, hace bien Calderón en pensar poner tierra de por medio una vez que concluya su mandato. Piensa, en Estados Unidos o en España, donde puede ser protegido, ya sea por sus invaluables servicios prestados al imperio, o por su afinidad ideológico-política con el neofranquista Mariano Rajoy, presidente de ese país.
Su futuro se asemeja al del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Su pasado lo perseguirá. Convertido en un sayón, será socialmente despreciado. Un apestado por los grandes daños causados a las mayorías y a la nación.
¿Qué otra cosa puede esperar alguien que en lugar de ser un ejecutivo y un abogado ceñido al imperio de las leyes y a sus mandatarios, hundió al país en un baño de sangre, la corrupción, la impunidad y la miseria?
Al asumir como propia la “guerra” al narco planificada por Estados Unidos –uno de sus caballos de Troya que emplea para intervenir en los asuntos de otras naciones–, al convertir ese problema policiaco-judicial en una cuestión de seguridad nacional, al utilizar a los militares en esa tarea, al criminalizar la protesta social y al recortar los derechos constitucionales, como parte de su estrategia de legitimación a través de la venta de la seguridad y el uso del terror, Calderón estimuló la escalada de la violencia delincuencial; con la cual contribuyó con su retórica belicista, que deshumanizó a los infractores y los convirtió en una especie (in)digna del exterminio (a “esa plaga, amigas y amigos, esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que estamos decididos a exterminar en nuestro país”), con su solapamiento de las violaciones cometidas por los aparatos de represión, refrendadas por el Poder Judicial.
La estela de violencia es atroz. Casi 50 mil muertos (¿cómo puede demostrar Calderón que el 95 por ciento son producto de los ajustes de cuenta entre los criminales?, como lo desafió José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, experto en América Latina); 150 mil personas afectadas (familiares de los fallecidos); alrededor de 10 mil desaparecidos; miles de desplazados –en marzo de 2011, el Centro internacional de Monitoreo de Desplazados, con sede en Génova, Italia, estimó 230 mil; en noviembre, Fidel López García, académico del Instituto Mora y consultor de la Organización de las Naciones Unidas, calculó al menos 1.6 millones (Gloria Leticia Díaz, Proceso; http://www.proceso.com.mx/?p=289550); miles de inocentes heridos y vejados; zonas devastadas –en algunas de éstas el gobierno impone áreas “modelo”, que recuerdan las “aldeas estratégicas” de contención del enemigo, impuestas por los estadunidenses en Vietnam o en Centroamérica–, estados afectados.
¿Ha valido la pena el costo de esa manera de “limpiar por todos los rincones de la casa”, como reza la propaganda electoral panista?
De acuerdo con el experto en seguridad y narcotráfico y presidente del Instituto de Acción Ciudadana, Edgardo Buscaglia, en 2001, la delincuencia controlaba el 34 por ciento de los municipios; en 2006, 54 por ciento; en 2010, 73 por ciento y en 2011, el 71 por ciento (El Universal, 2 de enero 2012). México, indica Buscaglia, es un rompecabezas; cada pedazo del territorio nacional es controlado por un grupo mafioso, el cual es disputado violentamente por otro, donde el más fuerte devora al débil. Trabajan en éste al menos 22 tipos de mercados ilícitos (tráfico de personas, de migrantes y además de armas, contrabando) y otros lícitos (dirección de empresas, sectores de la construcción, farmacéutico, financiero) que les ha dado una gran fortaleza patrimonial. Su fuerza económica, social y política le ha permitido asediar, corromper y capturar a un Estado fragmentado, debilitado, que perdió su capacidad de control y gestión de la delincuencia. Que ha sido incapaz de establecer una alianza entre las facciones del poder político y económico que permitan purgar al sistema. El remedio calderonista, agrega, ha sido peor que la enfermedad. Es como tratar de apagar el fuego arrojándole gasolina.
El “remedio” ha hundido en el fango a los aparatos de seguridad estatal. El reciente informe de Human Rights Watches sobrecogedor: “Ha provocado un fuerte incremento del número de asesinatos, torturas y otros abusos por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad. [Ha agravado] el clima de caos y temor que predomina en muchas regiones del país. Periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes son atacados deliberadamente por organizaciones delictivas e integrantes de las fuerzas de seguridad. Las Fuerzas Armadas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas”. Se han documentado “casi 90 casos en los cuales se habían cometido violaciones de derechos humanos. Entre 2003 y 2006, se recibieron 691 denuncias, y 5 mil 800, entre 2007 y octubre de 2011”.
La tortura (sexual, golpizas, asfixia con bolsas de plástico y por ahogamiento, descargas eléctricas), la amenaza de muerte, el uso injustificado de la fuerza, la detención arbitraria, la incomunicación, la ejecución extrajudicial (civiles asesinados que murieron en la tortura, en los retenes militares o durante enfrentamientos armados), la desaparición forzada, el encubrimiento, son algunos de los tipos de abusos cometidos. Las confesiones obtenidas por esos medios usualmente son aceptadas por los jueces, sin investigar la denuncia de los abusos y las violaciones de derechos humanos. Los jueces “han abdicado”. Prevalecen prácticas perversas: las víctimas [tienen que] demostrar que sus derechos fueron cercenados, el arraigo hasta 80 días antes de ser acusadas de haber cometido un delito, el uso de leyes ambiguas para justificar las detenciones y medidas de prisión preventiva arbitrarias.
“La mayoría de los soldados que cometen violaciones casi nunca responden por sus actos ante la justicia. La Procuraduría General de Justicia Militar inició 3 mil 671 investigaciones sobre violaciones, y sólo 29 fueron condenados”. El 0.8 por ciento del total. (http://www.hrw.org/es/world-report-2012/m-xico; http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico1111spwebwcover.pdf).
La impunidad es la norma. Al igual que la denigrante cesión de la soberanía nacional por el calderonismo, solapada por el avestruz-Senado.
A cambio de 1 mil 600 millones de dólares, algunos helicópteros y tecnología de punta en satélites y comunicación, obtenidos con el Plan Mérida –la versión local del Plan Colombia–, firmado en 2008, Calderón ha aceptado la presencia estadunidense hasta en la cocina, abierta y encubierta, política, policial, militar y de inteligencia, la operación de aviones no tripulados del Pentágono; la incursión militar (Matamoros); la operación de un centro de inteligencia dentro de una base militar en Monterrey, la instalación de oficinas en el Distrito Federal, donde los agentes estadunidenses discuten la estrategia de combate al narco; el entrenamiento de policías y militares mexicanos por parte de la agencias Central de Inteligencia y la de Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés) y los operativos militares. La participación en operativos e interrogatorios; el tráfico masivo de armas (operativo Rápido y Furioso); el lavado de dinero de la droga (la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es ciega); la intervención de las telecomunicaciones; la contratación de mandos de la Procuraduría General de la República y las secretarías de Seguridad Pública y de Gobernación, de al menos 80 exfuncionarios públicos expertos en seguridad, inteligencia, investigación y análisis, que espían, recopilan información y dan seguimiento a ciertos temas para la DEA, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas; la presión del gobierno y de los legisladores estadunidenses; el alineamiento de la política exterior (por ejemplo, el pleno ingreso de Palestina a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Al someterse a lo que Estados Unidos considera como vital para su seguridad nacional, en aras de su legitimidad, Calderón y el Senado hipotecaron la soberanía nacional por unos cuantos dólares y algunos cacharros.